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RIVERSIDE, Calif. — Este miércoles, un tribunal federal denegó en gran parte la moción del gobierno del Presidente Biden para descartar la demanda en el caso Immigrant Defenders Law Center et al. v. Mayorkas, presentada en nombre de personas que buscan asilo y que quedaron varadas fuera de los Estados Unidos como resultado de la política ilegal de la administración Trump de “Permanece en México.” En su fallo, el tribunal declaró que, de ser comprobadas, las alegaciones de los Demandantes constituirían “violaciones agudas y generalizadas” de los “derechos fundamentales” de los Demandantes.

El tribunal también concedió la moción de los Demandantes para certificar la acción colectiva, lo que significa que se permitirá que los Demandantes representen a un amplio número de personas, incluídas aquéllas cuyos casos fueron cerrados o quienes recibieron órdenes de deportación final bajo la política original radicada por el gobierno del ex-Presidente Trump.

“El tribunal tomo la decisión correcta. Es desconcertante que el gobierno continúe defendiendo los graves daños infligidos por una política que la propia administración ha condenado, citando sus ‘costos humanos injustificables,'” dijo Melissa Crow, Directora de Litigio del Center for Gender & Refugee Studies (CGRS). “El tribunal señaló correctamente que el Congreso no autorizó al gobierno a aplicar la política de forma que se le podría negar a una persona el derecho a solicitar asilo. Seguiremos luchando enérgicamente para garantizar que todos los solicitantes de asilo que permanecen en el limbo legal a causa de la política de Permanece en México tengan una oportunidad significativa de presentar sus reclamos.”

Introducida en 2019, la política conocida como “Permanece en México” obligó a decenas de miles de solicitantes de asilo a que esperaran sus citas de audiencia en las cortes de inmigración de Estados Unidos justo al sur de la frontera, en algunas de las ciudades más peligrosas del mundo. Atrapados en México, pocos tenían acceso a servicios legales estadounidenses y muchos fueron víctimas de graves actos de violencia. Las condiciones eran tan peligrosas que muchos solicitantes de asilo sujetos a la política, incluyendo algunos de los demandantes en el caso del Immigrant Defenders Law Center, no pudieron regresar a la frontera para sus audiencias y posteriormente se les denegó la protección, como reconoce en el propio memorando del gobierno que pone fin a la política. Menos del dos por ciento de los solicitantes de asilo sujetos a la política “Permanece en México” pudieron obtener asilo.

El gobierno del Presidente Biden denunció esta política y la suspendió inmediatamente después de que Biden asumiera el cargo. Aunque los intentos iniciales de la administración de poner fin a la política fueron impugnados por gobiernos estatales de sesgo antinmigrante, el verano pasado la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió a favor del gobierno y de los defensores de inmigrantes, determinando que el gobierno tenía la autoridad para poner fin a la política. Sin embargo, miles de solicitantes de asilo sometidos a la política siguen languideciendo fuera de Estados Unidos, sin resolución en sus casos.

“Aplaudimos la decisión del tribunal federal de denegar la petición del gobierno de desestimar el caso y la certificación de la acción colectiva. ‘Permanece en México’ fue una debacle legal y de derechos humanos que infringió los derechos de los solicitantes de asilo, dejándolos varados en condiciones peligrosas sin ninguna manera de llevar a cabo sus solicitudes de asilo,” dijo Alvaro M. Huerta, Director de Litigio y Defensa del Immigrant Defenders Law Center. “El fallo del tribunal es un paso positivo en la vindicación definitiva de los derechos de nuestros clientes y de todos los solicitantes de asilo. Todas las personas sometidas a la desastrosa política de Permanece en México merecen una oportunidad justa de buscar protección bajo las leyes de asilo de nuestra nación.”

“Elogiamos al Honorable Juez Jesús G. Bernal por certificar la acción colectiva de nuestra demanda y negar la moción del gobierno federal para desestimar las reclamaciones de los Demandantes sobre sus derechos a solicitar asilo, el acceso a un abogado, y una audiencia completa y justa. Ya es hora de que las personas afectadas por ‘Permanece en México’ reciban la justicia y la seguridad en los EE.UU. que se merecen,” dijo el abogado director del Servicio Familiar Judío de San Diego, Luis González. “Los solicitantes de asilo deben tener acceso a protección en los EE.UU. en lugar de ser dejados en situaciones inseguras al otro lado de la frontera cuando ya están huyendo de la violencia y la persecución en sus países de origen. Debemos volver a centrarnos en la humanidad.”

“La política de Permanece en México fue una parodia de los derechos humanos y que consagró los ideales nacionalistas blancos,” dijo Stephanie M. Alvarez-Jones, abogada del Proyecto de Justicia Migrante del Southern Poverty Law Center. “Nuestros valientes demandantes e integrantes de la acción colectiva siguen sufriendo los impactos de esa cruel política. La decisión del tribunal de certificar nuestra acción colectiva y denegar la solicitud del gobierno de desechar este caso nos permitirá continuar litigando la mayoría de nuestros reclamos. El fallo es un reconocimiento de los horrores causados por la política de Permanece en México y un primer paso para remediar esos daños y lograr justicia para miles de familias.”

“La política de Permanecer en México forzó a decenas de miles de personas a situaciones precarias y de riesgo contra sus vidas sin ningún recurso,” dijo Victoria Neilson, Directora Supervisora en el Proyecto Nacional de Inmigración. “Esta decisión es una victoria para muchas personas a las que se les negó su derecho a solicitar asilo y afirma que el gobierno tiene la responsabilidad de abordar la inhumanidad, el sufrimiento y el desastre que fabricó a través de esta política insensible.”

“Aunque la política de Permanece en México ha desaparecido de los titulares y de vista para muchos, sus efectos letales y discriminatorios continúan impactando a miles de personas a quienes se les negó una oportunidad justa de solicitar asilo en los Estados Unidos,” dijo Kelsey Provo, Abogada Senior Supervisora de Innovation Law Lab. “El fallo de ayer es una victoria para los que se enfrentaron a una violencia terrible y a quienes se les impidió entender sus procedimientos de asilo y, en muchos casos, incluso asistir a sus audiencias. La orden es también una victoria para el derecho uniforme a solicitar asilo. Ninguna administración presidencial tiene autoridad para socavar o restringir este derecho de la forma discriminatoria en que lo hizo Permanecer en México.”

Los demandantes en el caso son Immigrant Defenders Law Center y Jewish Family Service of San Diego — organizaciones que proporcionan representación a los solicitantes de asilo — y 11 personas solicitantes de asilo quienes fueron subjetas a Permanece en México. Los abogados de los demandantes son el Center for Gender & Refugee Studies, Innovation Law Lab, National Immigration Project of the National Lawyers Guild, y el Southern Poverty Law Center, así como la firma de abogados Arnold & Porter.

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El Center for Gender & Refugee Studies defiende los derechos humanos de los valientes refugiados que buscan asilo en los Estados Unidos. Con un enfoque estratégico y una experiencia jurídica sin precedentes, CGRS defiende los casos más difíciles, lucha por el debido proceso y promueve políticas que ofrecen seguridad y justicia a los refugiados.

Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) es una firma de abogados de justicia social de nueva generación que defiende a las comunidades inmigrantes frente a un sistema de inmigración injusto. ImmDef es la mayor organización de defensa contra la deportación sin ánimo de lucro en el sur de California y trabaja bajo un modelo de representación universal. ImmDef cuenta con varios programas de defensa contra la deportación, incluyendo el programa Cross Border Initiative, con sede en San Diego (California), donde presta servicios a personas que necesitan asilo.

Innovation Law Lab, con sede en Portland, Oregon, con proyectos en todo los Estados Unidos, es una organización sin ánimo de lucro que aprovecha la ley, la tecnología y la organización para luchar por la justicia para la justicia inmigrante y refugiados. Para obtener más información, visite http://www.innovationlawlab.org y síganos en las redes sociales: @innovationlawlab en Facebook e Instagram y @ThinkLawLab en Twitter.

Fundada en 1918, Jewish Family Service of San Diego (JFSSD) es una de las agencias sin fines de lucro más impactantes de San Diego — se asocia con personas de todos los orígenes para construir vidas estables y dignas. El trabajo de inmigración de JFSSD incluye operar los Servicios de Refugio para Migrantes de la Red de Respuesta Rápida de San Diego para atención de refugio de relevo para personas que buscan asilo, servicios legales de inmigración pro bono y reasentamiento de refugiados, así como una variedad de servicios para inmigrantes para ayudar con el papeleo y apoyo legal relacionado con Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA/Dreamers), ciudadanía, naturalización, tarjetas verdes y más. Juntos, creamos una comunidad más fuerte y saludable donde todos puedan prosperar. Para obtener ayuda, ser voluntario o apoyar a JFSSD, visite jfssd.org o llame al 858-637-3000.

El Proyecto Nacional de Inmigración (NIPNLG) es una organización nacional sin fines de lucro que brinda asistencia técnica y apoyo a organizaciones comunitarias de inmigrantes, profesionales legales y todos los defensores que buscan y trabajan para promover los derechos de los no ciudadanos. NIPNLG utiliza litigios de impacto, defensa y educación pública para cumplir con su misión. Obtenga más información en nipnlg.org. Siga a NIPNLG en las redes sociales: Proyecto Nacional de Inmigración del Sindicato Nacional de Abogados en Facebook, @NIPNLG en Twitter e Instagram.

El Southern Poverty Law Center es un catalizador para la justicia racial en el Sur y más allá, trabajando en asociación con las comunidades para desmantelar la supremacía blanca, fortalecer los movimientos interseccionales y promover los derechos humanos de todas las personas. Para obtener más información, visite www.splcenter.org.

Arnold & Porter combina capacidades regulatorias, de litigio y transaccionales sofisticadas para resolver los problemas más complejos de los clientes. Con más de 1000 abogados ejerciendo en 14 oficinas en todo el mundo, ofrecemos una profunda experiencia en la industria y un enfoque integrado que abarca más de 40 áreas de práctica. A través de la colaboración multidisciplinaria y la experiencia enfocada en la industria, brindamos soluciones innovadoras y efectivas que ayudan a mitigar los riesgos, abordar los desafíos y lograr resultados exitosos.